Siempre es la misma situación. Cada que hago la cobertura de la boda de algún político para las revistas del corazón, los recién casados me llaman para agradecer. Mi respuesta es la misma: “No me agradezcan, el día que se divorcien o enviuden también voy a escribir sobre ustedes”. No es ninguna amenaza, tampoco alta traición. Yo soy periodista de tiempo completo y ellos personajes públicos que deciden hacer pública, a través de mi pluma o no, su vida privada. Así de sencillo. A todos nos queda claro eso por más que algunos pronuncien la palabra “amigo” en vano.
Y es que la vida está llena de claroscuros y, en tanto cronista de la naturaleza humana, me resulta incluso fascinante documentar las distintas fotografías de “lo bueno”, “lo malo” y “lo feo”, del álbum de los políticos y sus familias; del álbum de los ricos de abolengo venidos a menos y del álbum de los nuevos ricos que siempre deja la política venidos a más. Algunos lo comprenden. Otros me llaman a reclamar como Raúl Salinas de Gortari cuando publiqué su divorcio de Paulina Castañón Ríos Zertuche en la portada de la revista Quién, pero esa… es otra historia.
El tema que hoy me trae aquí va más allá del divorcio, es algo verdaderamente serio: el uso de los hijos como una forma de extorción para un beneficio económico, en la antesala de la firma del divorcio, o posterior a la disolución del matrimonio. Es un asunto importante y urgente; es un tema doloroso e ilegal; es una epidemia que se ha ido profesionalizando; es algo que sucede en todos los estratos socioeconómicos pero que, los ricos que han sido protagonistas, no quieren hablar por miedo al escándalo, como si el silencio o la negación servirá para que una situación comprometedora desaparezca por sí sola. Lo relevante siempre se sabrá.
Cada que tengo reunión con las integrantes de Mi CISEN –sólo después de que las autoridades sanitarias nos permitieron salir tras haber aminorado la primera ola de la pandemia por la COVID-19– las aguerridas Comadres que Investigan Sobre la Élite Nacional me cuentan historias de terror de los hombres y de las mujeres que han utilizado a sus descendientes, como moneda de cambio, para presionar o mejorar las condiciones del convenio de divorcio, en el mejor de los casos; para fastidiarle la vida al otro con el sufrimiento de los hijos, en el peor.
Los actores de estos infortunios son tan variopintos como habitantes en el país. A pesar de que los tengo registrados con nombres y apellidos, no los mencionaré en esta entrega de Política para guapos para no alimentar la bulimia insaciable del morbo que sólo distraerá el foco del tema de fondo. Lo que sí diré es que Los ricos también lloran… por sus hijos, pues en estas historias hay personajes que se recargan sobre propiedades, empresas, herencias o cuentas bancarias de millones de dólares y, a pesar de todo, les han sido arrebatados sus hijos con dolo. Y con dolor para los infantes.
Los innombrables (por ahora) son hombres y mujeres de la comunidad judía y católica; de familias de políticos y de empresarios; de hijos de listas de Forbes y clientes frecuentes del Club, de Caras y de Quién. Nadie quiere cruzar la línea del escándalo para poner los puntos sobre las íes salvo que haya alguna estrategia de comunicación para acabar con la reputación de su contrincante. Los círculos a los que pertenecen son proclives a disimular en mayor medida el pecado que el señalamiento público. Así son sus códigos.
Unos códigos que, a partir de la secrecía, no hace visible el cínico aplastamiento a los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes que ha establecido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Unos códigos en los que, como siempre que se juntan el dinero y el poder, se hace caso omiso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los padres y las madres secuestradoras de sus hijos deben entender que los niños, niñas y adolescentes tienen el Derecho a vivir en familia, independientemente de las pensiones millonarias para las cuentas personales de la o el “ex”. Y por familia yo no reconozco la definición de la Iglesia, sino los distintos modelos de familia que señala el INEGI (sobre los hogares de familiares nucleares, ampliados, compuestos y todas sus variables) donde a pesar de estar separados/divorciados, las niñas, los niños y adolescentes tienen el derecho de convivir con ambos progenitores.
Las niñas, los niños y adolescentes tienen el Derecho de prioridad, por encima de las prioridades de las tarjetas de crédito y de servicios de color negro de su papá o de su mamá. Las niñas, los niños y adolescentes tienen Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, por lo que es inadmisible que se tenga secuestrado a un hijo mientras el demandante consigue más ceros en la negociación. ¡Es inhumano, carajo!
Si verdaderamente queremos hablar de la Ley y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes es muy importante viralizar que la Ley no es sólo lo que la gente poderosa quiere hacer creer a otras que es.
Finalmente, siempre habrá dos versiones de una misma historia. O más. Todas con verdades y con falsedades. Difícil tomar partido por un solo testimonio cuando, ya dijimos, la vida está llena de claroscuros. Más allá de las víctimas y de los victimarios, unamos esfuerzos, desde nuestras trincheras para dejar muy claro, y de una buena vez, que CON LOS NIÑOS NO.
Twitter: @betotavira
